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Presentación de la Revista “Perspectivas Políticas” ASPECOP

Con gran éxito se presentó la Revista “Perspectivas Políticas”, publicación de nuestra asociación el último 8 de febrero en el Country Club Hotel de Lima.

 

Con gran éxito se presentó la Revista “Perspectivas Políticas”, publicación de nuestra asociación el último 8 de febrero en el Country Club Hotel de Lima.

 

Con gran éxito se presentó la Revista “Perspectivas Políticas”, publicación de nuestra asociación el último 8 de febrero en el Country Club Hotel de Lima.

 

 

Foro: “Elecciones Regionales y Referéndum Perú 2018”

 

Con Gran éxito se llevó a cabo el Foro: “Elecciones Regionales y Referéndum Peru 2018” el último 24 de enero de 2019 en la ciudad de Lima.

 

 

Con Gran éxito se llevó a cabo el Foro: “Elecciones Regionales y Referéndum Peru 2018” el último 24 de enero de 2019 en la ciudad de Lima.

 

Con gran éxito se llevó a cabo el Foro: Elecciones Regionales y Referendum – Peru 2018 el último 24 de enero del 2019 en las instalaciones del Hotel Country Club de Lima.

 

 

PERSPECTIVAS POLÍTICAS

Revista de la Asociación Peruana de Consultores en Comunicación Política – ASPECOP.

Director: Marco Torres Paz
Editora: Esther Melgar
Columnistas:
Walter Robles
Carlos Melendez
Natalia Esquenazi
Ivanna Torrico

Año 1 Edición 1
Diciembre 2018 Lima – Perú

 

Perspectivas Políticas

Revista de la Asociación Peruana de Consultores en Comunicación Política – ASPECOP. Director: Marco Torres Paz Editora: Esther Melgar Columnistas: Walter Robles Carlos Melendez Natalia Esquenazi Ivanna Torrico Año 1 Edición 1 Diciembre 2018 Lima – Perú

PERU 2018: FRAGIL DEMOCRACIA AL BORDE DE LA TENTACION POPULISTA

*Marco Torres Paz

“Nada más difícil de ejecutar, ni más incierto de conseguir, ni más peligroso de administrar que la introducción de un nuevo orden político”. Maquiavelo

Como venimos escribiendo desde la elección presidencial peruana del 2016, esa disputa electoral entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori estuvo marcado por dos identidades políticas muy fuertemente delineadas: el fujimorismo y el antifujimorismo. Esta ultima identidad política cuenta con una ventaja: la alineación del más grande holding mediático del Perú: el Grupo El Comercio perteneciente a la familia Miro Quesada y que controla los diarios Perú 21, El Comercio, Correo, Publimetro y la poderosa Cadena de Televisión América junto con Canal N entre otros medios.

Si hace un año nos hubieran pedido un pronostico sobre el Peru, nadie hubiera podido imaginar la caída de PPK en marzo, la asunción al poder de Martin Vizcarra, su posterior enfrentamiento con el Congreso, la detención de Keiko Fujimori y la solicitud de Asilo de Alan Garcia al Uruguay entre otros acontecimientos q vienen sacudiendo al Perú en este año que acaba.

Los dos protagonistas del violento conflicto político de principio de año están prácticamente aniquilados hoy día. El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció antes de que lo vaquen y carece completamente de influencia y poder. Y el keikismo está en ruinas, con su lideresa totalmente desacreditada y la mayoría formal que conservan en el Congreso desgranándose, sometida al gobierno y con pocas posibilidades de recobrar su antigua fuerza.

Ambos cayeron víctimas de sus propios errores. La responsabilidad principal es del keikismo, que arremetió contra PPK desde el primer día, en la seguridad de que le habían robado la elección. Pero PPK fue incapaz de enfrentar esos ataques con decisión, firmeza e imaginación.

Martín Vizcarra convino subrepticiamente con Keiko Fujimori, según se supo después, ser el reemplazo de PPK y se suponía que trabajarían concertadamente el resto del período. Vizcarra no tenía partido ni bancada parlamentaria y el keikismo no podía hostilizarlo, como hizo con PPK, porque ellos lo habían puesto en la presidencia y la opinión pública estaba harta de la pelea entre el gobierno y el Congreso, que no era motivada por diferencias importantes de políticas públicas sino por las pasiones y los mezquinos intereses sectarios.

No es cierto, como se dice ahora, que el ataque del presidente Martín Vizcarra al Congreso, que empezó en Fiestas Patrias, fue una respuesta a un comportamiento agresivo de la mayoría keikista. Entre el 23 de marzo y el 28 de julio no hubo ninguna acción provocadora del Parlamento contra el gobierno, como sí ocurrió muchas veces con PPK.

En realidad, todo indica que Vizcarra recurrió a una audaz iniciativa –atacar al Congreso y a la clase política– para frenar la abrupta caída de su popularidad que se explica por su deficiente gestión. La encuesta de GFK de junio muestra una mala calificación del gobierno en los 14 temas sectoriales que miden. Y en el mes de julio la evaluación empeora aún más. Según esa encuestadora, la aprobación de Vizcarra se había derrumbado a 27% en julio (desde 52% en abril) y su desaprobación se había empinado a 58%.

Paradójicamente, Vizcarra recurrió a la misma treta que usó Alberto Fujimori y ha tenido tanto éxito como él atacando a los repudiados políticos y a las instituciones. No obstante, Fujimori tenía en su haber el freno a la hiperinflación heredada de Alan García y el inicio de la recuperación económica, así como la derrota del terrorismo.

Vizcarra no puede exhibir ningún logro comparable. En verdad, no puede mostrar ningún resultado de ningún tipo, ni en economía, ni en seguridad ciudadana, ni en salud, ni en educación, ni en gestión pública. Y tampoco parece interesado en conseguirlo, si se observa la mediana aprobación de su gabinete. Y, al igual que Alberto Fujimori, es populista y antiinstitucional.

Su única opción parece ser continuar con atrevidas iniciativas políticas que golpeen al Congreso y los partidos, y usar la lucha contra la corrupción como un arma para debilitar a sus adversarios, respaldado por la coalición antifujimorista, en la cual se incluye a José Graña Miro Quesada Directivo del Grupo Mediático El Comercio y CEO de la Constructora Graña y Montero involucrada en la trama de corrupción de Odebrecht. Uno de los objetivos claves de esa estrategia es capturar el Ministerio Público, que se convertiría en un instrumento poderosísimo en sus manos. Ahora la coalición solamente controla una parte del mismo. (Esa facción, dicho sea de paso, no investigará a PPK y su jefe de campaña del 2016, Martín Vizcarra, por los aportantes falsos que ha revelado El Comercio, como lo hacen con Fujimori).

Todo indica que el próximo año el presidente continuará en la misma línea de ataque a los políticos y las instituciones.

 

Sobre Alan Garcia, Keiko Fujimori y los tratos diferenciados

La búsqueda de refugio de Alan García en la Embajada de Uruguay sorprendió a todo el mundo, aunque en verdad había algunas señales que no se percibieron.

Los indicios los estaba dando García desde tiempo atrás. Él y sus seguidores más cercanos venían hablando de un golpe de Estado que se estaba gestando en el Perú, pero no de un típico golpe de los de antaño con tanques y soldados en las calles, sino un paulatino y casi silencioso avance de un presunto autoritarismo que estaba concentrando el poder y usándolo para perseguir a sus adversarios políticos.

No son muchos los que creen en esa teoría hoy día. Pero el hecho es que García y sus partidarios la venían repitiendo y ahora la están usando como justificación.

El asunto es que hay algunos hechos muy extraños que son utilizados por los que respaldan esa tesis. Por ejemplo, los directivos de Odebrecht han declarado –y su versión es creíble– que en el 2011 entregaron 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 1 millón a la de Keiko Fujimori, 700 mil a la de Alejandro Toledo y 300 mil a la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Pero solo Fujimori ha sido imputada de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de dinero junto con dos decenas de sus colaboradores, y encarcelada con varios de ellos. Humala y Heredia estuvieron algunos meses presos, pero no se les acusó de conformar una organización criminal ni se detuvo a sus allegados, ni se allanaron las oficinas de sus abogados, a pesar de que en su caso hay abundantes indicios de lavado de dinero no solo para la campaña sino para uso personal. Y parte de ese dinero –según los funcionarios de Odebrecht– fue entregado cuando ya eran gobierno, lo cual es materia de otros delitos. Además, claro está, que también hay más indicios si es que no evidencias contundentes de que lo mismo hicieron en la campaña del 2006 y después con dinero venezolano, lavado con falsas consultorías de tónicos capilares y palma aceitera.
Tampoco Toledo y su gente han recibido el mismo trato. Él está acusado por las coimas que recibió por la Interoceánica, pero no por la plata de la campaña del 2011, ni se ha denunciado ni detenido a sus allegados de ese momento. Tampoco PPK, que está investigado por sus tratos con Odebrecht cuando era ministro, pero ni él ni sus colaboradores del 2011 han sido imputados ni apresados por delitos similares de los que se acusa a Fujimori.

Como es evidente, si todos ellos recibieron cientos de miles o millones de dólares para sus campañas, tuvieron que blanquearlos con eventos simulados y aportantes falsos. De hecho, se sabe que esa es una práctica usual de todas las campañas electorales de todos los partidos, porque los aportantes, los que donan dinero fuerte, no quieren aparecer, o porque los candidatos no desean que los vinculen con grandes empresas.

Por supuesto, la notoriedad que ha adquirido Odebrecht hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes en el 2011 resulten sospechosos. Pero en ese momento no era diferente a otras empresas extranjeras o peruanas, varias de la cuales no son muy distintas en lo que a deshonestidad se refiere, solo que hasta ahora no han sido descubiertas y expuestas.

En síntesis, es obvio que hay un tratamiento notoriamente diferente a Keiko Fujimori que al resto de políticos. Por no mencionar a los empresarios peruanos señalados por Odebrecht de haber sido parte de la trama de sobornos a funcionarios públicos para conseguir obras. Con el agravante de que Keiko nunca gobernó y nuca tuvo la capacidad de entregar alguna licitación pública u obra.

En suma, si bien la tesis de García de que se ha producido un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados.
Parafraseando a George Orwell, se puede decir que en el Perú todos son iguales ante la justicia, pero unos son más iguales que otros.

Un dato comparativo: Colombia le prohibió a Odebrecht hacer negocios con el Estado y le cobrará US$245 millones de dólares de multa. En el Perú un reciente acuerdo de los Fiscales Lava Jato le permite trabajar a la constructora brasileña sin ninguna prohibición y con solo US$187 millones de multa.

 

El Referendum del 9 de Diciembre

Vizcarra en su estrategia de guerra política contra el Congreso propuso a la población votar en contra de la reelección congresal y en contra de la Bicameralidad (que haya 2 Cámaras: de Senadores y Diputados), dos propuestas adornadas con otras referidas al financiamiento de los partidos políticos y la reforma de justicia.
Los Resultados fueron sobre un total de 22’227,581 (millones de electores):

5’658,002 no votaron
3’313,916 votaron blanco o nulo.
13’255,663 emitieron votos válidos.
9’941,747 votaron SI-SI-SI-NO (formula propuesta por Vizcarra)
Las cifras demuestran que el 44.7% del total de votantes, apoyo la fórmula del gobierno

A raíz de estos resultados, el gobierno de Vizcarra ha nombrado una Comisión de Notables que formule propuestas de Reforma Política quitándole en la práctica el rol legislador al Congreso. El nombramiento de la Comisión de Notables para la reforma política puede convertirse en otro capítulo de la guerra de Martín Vizcarra contra el Congreso, es decir, la estrategia de aumentar popularidad sin gobernar por el deterioro de la imagen del Legislativo.

Más allá del trabajo de los llamados notables es evidente que las propuestas servirán para seguir tensando las relaciones Ejecutivo-Legislativo porque si el Congreso se demora, se pone de costado o se niega –ejerciendo sus prerrogativas constitucionales –es posible que el fantasma de la disolución legislativa vuelva a rondar el escenario político. Si las cosas van por allí, ¿cómo así la democracia peruana va a llegar al 2021? ¿No se percibe que la turbulencia política puede acabar con todos los activos institucionales y económicos?
La idea de notables que formulan propuestas y de un presidente Vizcarra que los presenta al Congreso solo puede provenir de la apuesta por un “presidente legislador”. Si bien todavía se guardan distancias institucionales, semejante imagen nos remite a la de los caudillos plebiscitarios (Chavez, Correa, Evo Morales), que se convirtieron en “jefes de Estado legisladores” a punta de referéndums, reformando constituciones y convocando constituyentes, buscando perpetuarse en el poder.

Si analizamos lo realizado por la administración Vizcarra, todo puede resumirse en el concepto del presidente legislador y del momento constituyente. Hoy, por ejemplo, los resultados del referéndum han estatizado el sistema político con la prohibición a los partidos de contratar publicidad en radio y TV en las campañas electorales. De esta manera la estatización —en medio de la Constitución pro-mercado de 1993— ha empoderado al Estado y a las empresas que administran frecuencias estatales en radio y TV.

 

Una mirada al futuro:

En estas últimas horas del 2018 se especulan con nuevas revelaciones que llegarán el próximo mes de enero desde Brasil en torno a las operaciones ilícitas realizadas por Odebrecht en el Perú, las cuales (se asegura) sacudirán el escenario político. Lo general ciertamente es previsible. Lo particular no tanto. Dependerá de lo que se anuncie, se confirme o se pruebe. Lo que se sabe ya tiene en vilo a muchos. Lo que se añada abrirá cauces insospechados de convulsión.

Si el pronóstico se pedía en diciembre de 2017, ¿tenía alguien certeza de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República ante las nuevas evidencias comprometedoras de su relación con Odebrecht desde sus años de ministro de Alejandro Toledo?

¿Era imaginable que el vapuleado primer vicepresidente y exministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra –convertido en embajador en Canadá para preservarlo de un mayor desgaste por el caso de corrupción del aeropuerto de Chinchero– tomaría juramento de sucesión en marzo de 2018? ¿Resultaba válido saber antes que Vizcarra giraría su discurso anticorrupción –inicialmente dado en el contexto de las cuitas judiciales de su antecesor– hacia un sistema de justicia preñado de enlaces mafiosos y puesto también en evidencia por interceptaciones telefónicas legales? ¿Veíamos con túnica de videntes a Keiko Fujimori pasar la Navidad y el año nuevo con prisión preventiva?

La condición atípica de nuestro esquema político (gobierno sin partido ni mayoría parlamentaria, el bloque fujimorista en franca descomposición, nuevas autoridades regionales y municipales entre las que se cuenta una con vocación separatista, jueces y fiscales empoderados como héroes infalibles, y un largo etcétera) no establece con claridad las secuencias del porvenir. La calle y la mayoría de los medios sostienen hoy a Vizcarra, haciendo de su persona una figura idealizada y casi intocable. Es el fetiche de la moralización y la corrección política. ¿Cuánto durará esta luna de miel construida con habilidad pero con grandes riesgos de fragilidad en todos los terrenos institucionales? ¿Cómo medirá el ciudadano común la correlación de su bienestar con las medidas que el Ejecutivo promueva en los ámbitos económico y social?

Vizcarra está utilizando ese hartazgo popular para posicionarse como líder. Ahora está por verse si, teniendo el apoyo de la mayoría de ciudadanos, tiene la capacidad de hacer las reformas estructurales que se necesitan.

Comenzando con la caída del empleo y ataque frontal a la corrupción enquistada en todos los estamentos del estado. Hoy la supuesta lucha anticorrupción aún está en los titulares. Mientras el show continúa en los medios, la corrupción campea en todas las instituciones.

 

Reflexiones Finales:

La democracia está en retroceso y bajo asedio en el mundo. La ilusión de hace un cuarto de siglo de que la democracia se había impuesto definitivamente después del derrumbe del comunismo, su principal enemigo de aquel entonces, se ha evaporado. Todos coinciden en que el populismo es ahora un peligro inminente. Cuatro libros publicados este año 2018 analizan, desde distintos ángulos, el problema: “El pueblo contra la democracia”, de Yascha Mounk; “Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt; “Fascismo, una advertencia”, de Madeleine Albright; y “El pueblo soy yo” de Enrique Krauze. Por ello señalamos a la amenaza populista sobre la frágil democracia peruana.

*Magister en Ciencias Políticas. Diplomado en Marketing Político por The Florida International University (FIU-Miami) y en Campañas Electorales por The George Washington University. Licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima. Catedrático Universitario y Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos – ALACOP.

 

 

Informe Coyuntura Económica Argentina: ¿Todo es culpa del dólar?

Lic. Natalia Judith Esquenazi

 

 

 

 

Viernes 7 de septiembre en la República Argentina, la crisis acontece nuevamente, el deterioro económico y social nos toca la puerta y casi al punto de desplomarnos nos preguntamos: ¿Acaso no nos acostumbramos a su presencia?

Consultores Políticos de otros países

Marco Torres Paz (Perú)

 

May 03, 2017

«Master en Ciencias Políticas. Diplomado en Marketing Político en Florida International University-Miami-USA y en campañas electorales por The School of Political Management-George Washington University. Licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima, ha sido ponente en las Cumbres de Mexico-DF y República Dominicana. Torres Paz es catedrático universitario de Marketing Político, Propaganda y Comunicación Política contando con amplia experiencia en campañas electorales en Perú. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos-ALACOP.»

Fuente: https://www.florez-morris.com/copia-de-copia-de-consultores-pol-o

PPK un presidente débil, fruto del antivoto

Por: Marco Torres Paz. Analista Político – Perú

El Perú tiene dos identidades políticas marcadas: El fujimorismo y el antifujimorismo. PPK fue el presidente del antivoto fujimorista, antivoto que eligió a Presidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala comprometidos con la trama de Odebrecht y el caso de los sobornos de Lava Jato. Además Pedro Pablo Kuczynski contó con el apoyo de los mas grandes medios de comunicación del Perú agrupados en torno al poderoso holding mediático El Comercio y de algunos empresarios que seguramente lo eligieron como su favorito por ser el “conveniente”, no el mejor, sino el menos malo a sus intereses.

Países como Argentina y Ecuador tienen legislaciones electorales que señalan que si en una elección el primero le lleva al segundo mas de 10 puntos no hay segunda vuelta. En la primera vuelta del 2016, Keiko Fujimori sacó 39.6% y PPK 21.0% , es decir más de 18% de diferencia. Keiko sacó 73 congresistas de 130 y el segundo solo 18. Sin embargo se realizó el ballotage donde el antivoto promovido por el saliente gobierno de Humala y, la manipulación de medios de comunicación, hizo triunfar a PPK por el solo 0.012% de diferencia. Solo 39 mil votos en un universo de 22 millones de electores.

Este problema de legitimidad de origen marcó el derrotero de un débil gobierno, y cuando empezaron a aparecer los depósitos de Odebrecht en las cuentas de Kuczynski, ya su suerte estaba echada. De acuerdo en que “no sé puede gobernar con un Parlamento de oposición”, pero esto va más allá del legislativo. Además de sus vínculos con Odebrecht, aparecen audios y vídeos intentando comprar votos de opositores. No le bastó con los que ganó con el indulto a Fujimori. Sus horas en la Presidencia estaban contadas, era una bomba de tiempo que iba a estallar mañana, pero como si estuviera gobernando en una realidad paralela, PPK presenta hoy su renuncia debido al “clima de ingobernabilidad”, por la falta de unidad y armonía en la política peruana. No culpa a sus actos y acusaciones de soborno y corrupción. Nos cuesta creer que su última “jugada” la desperdició intentando golpear al Congreso, victimizándose, culpando a los otros de sus errores teniendo cero autocrítica. PPK subestimó a su gente, a su país… y así le fue.

Marco Torres Paz Presidente de la Asociación Peruana de Consultores en Comunicación Política (ASPECOP) Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores en Comunicación Política ALACOP.

FUENTE: http://www.oviedopress.com/ppk-un-presidente-debil-fruto-del-antivoto/

Y AHORA, ¿QUÉ SE NOS VIENE?

Crónicas de una vacancia anunciada

 

María Esther Melgar Apagüeño[1]

Ciertamente, el Presidente debe irse. Una vez más, nos ha mentido. “No sabía nada” o “no recuerdo”, nos dijo. No obstante, las pruebas indican que sabía y mucho. Ahora estamos nuevamente en una situación límite, esperando el desenlace en el corto plazo y que, evidentemente, mellará una vez más a nuestras instituciones, a nuestro Poder Ejecutivo, a nuestro presidencialismo – ¿o quizá a nuestro un semi-parlamentarismo presidencialista o a un semi-presidencialismo con acentuación parlamentarista? Lo que describiré aquí son los 3 escenarios probables que se nos vienen y, al mismo tiempo, desalentadores: 1) Kuczynski no se va por falta de los votos necesarios para lograr la vacancia; 2) un presidente vacado por su incapacidad de comunicar y jugar en la arena de lo político –o quizás no le interesó nunca jugarse por el país, por su evidente comportamiento antes incluso de serlo-, y una presidencia dirigida por su accesitario, el primer vicepresidente –quién fue escogido por el voto popular dentro de una fórmula presidencial, un candidato a la presidencia y dos vicepresidentes, quienes lo acompañarían y apoyarían al candidato a la presidencia en un eventual gobierno-, que ha mostrado una conducta sigilosa, cautelosa y demasiado discreta, para una coyuntura donde se necesitaba de la acción, saber las posturas y, sobre todo, determinar los apoyos; y 3) si se da el caso en que los dos vicepresidentes renuncian a gobernar el país, entonces asumiría la presidencia provisionalmente el Presidente del Congreso, quién inmediatamente convocaría a Elecciones Generales – ¿se haría necesaria la interpretación constitucional?

Realmente, el panorama general que se nos viene es complejo y cada uno de los escenarios descritos tiene sus aspectos positivos como negativos. Por un lado, el primer escenario es en el que no se vacaría al Presidente de la República y seguirían como hasta ahora, o peor, las relaciones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, y sin un mayor apoyo por parte de la ciudadanía debido a la baja popularidad del líder, dado el desprestigio logrado por su actuación, pero, sobre todo, por la comunicación desplegada frente a los casos de corrupción develados por la comisión Lava Jato, las confesiones de Jorge Barata a raíz del mismo caso y, ahora último, el informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFPs.

Por otro lado, de darse la vacancia, o la eventual renuncia del Presidente que es poco probable, tendríamos un nuevo representante del Ejecutivo, quién contaría con un supuesto apoyo del Legislativo para la gobernabilidad del país, dado que el vicepresidente ya tiene la ‘venia’ de este y de su mayoría –hablo de la bancada Fuerza Popular, que se refirió a un probable gobierno de Vizcarra mucho mejor que este. Este caso tiene algunos matices que se deben abordar. Si bien un eventual gobierno de Vizcarra sería el mejor escenario para transición menos traumática, él tendría que ajustar algunos pernos en el engranaje institucional del país, en aras de terminar su mandato de la mejor manera. El primer punto de encuentro sería la investidura del nuevo gabinete, el cual deberá entender su posición desde el inicio: ser convocado por un gobierno no electo de manera directa, pero si por ser parte de la fórmula; es decir, obedece a la legalidad procedimental, pero no a la voluntad popular en sí misma, y formar parte de este. Adicionalmente, es muy importante que el nuevo gobierno logre una “concertación para la gobernabilidad” y esta será su mayor labor de Vizcarra, la cual solo se podrá hacer si el Legislativo –conformado por Fuerza Popular, en mayoría, el Apra, la misma bancada de PPK, la izquierda del Frente Amplio y Nuevo Perú, Alianza por el Progreso, Acción Popular, los independientes, etc.-, colabora con la labor del Ejecutivo, haciendo una verdadera tregua y dejar las hostilidades para el próximo momento electoral. Solo así podrá hacer que este gobierno logre la estabilidad requerida para cumplir con sus objetivos trazados y Vizcarra no empeñaría su futuro político por un periodo de solo tres años de mandato.

Adicionalmente, tendremos el escenario de la renuncia o de la vacancia del Presidente y, al mismo tiempo, de la renuncia del Primer Vicepresidente y Segunda Vicepresidenta de la República; con lo cual este resultaría mucho más dramático, dado que quién asumiría sería el gobierno sería Presidente del Congreso de la República, hasta que se lleven a cabo las nuevas Elecciones Generales, tanto de Gobierno como del Legislativo –aunque esto ha generado todo un debate de interpretación constitucional. El escenario aquí es, ciertamente, más desalentador dado el clima de inestabilidad respecto a la interpretación normativa sobre convocar a nuevas Elecciones Generales, en las cuales no sea necesario la convocatoria para elegir nuevamente a los representantes del Legislativo. Para este caso, existe el precedente de lo acontecido en el gobierno provisional de Valentín Paniagua y la convocatoria a nuevas elecciones en el 2001. En este punto, tal y como se han venido desarrollando las cosas en el Parlamento, es muy probable que este debate se gane a favor de la no convocatoria para elegir nuevamente a los representantes del Congreso, dado que aquí todas las bancadas cerrarían filas ante tal escenario, debido a que se estarían jugando su permanencia y su posible no reelección inmediata de muchos congresistas dado su desempeño y popularidad –sobre todo luego de lo declarado por Jorge Barata. Es así que muy probablemente seremos testigos de esto que resulta de un dicho popular: “Otorongo no come Otorongo”. Lo cierto es que para lograr esto, nuevamente se recurrirá a las siempre útiles interpretaciones normativas, las cuales podrían socavar aún más nuestra institucionalidad democrática a través de nuestro sistema jurídico. La verdad es que solo el tiempo nos vislumbrará que estrategias podrían ser utilizadas por “nuestros padres de la patria”.

Por último, es importante analizar un escenario donde eventualmente el Presidente del Congreso convocase a nuevas elecciones para el periodo 2018-2021. La gran pregunta que se nos viene a la mente: ¿Quiénes se presentarán a estas elecciones, sabiendo que solo se podrá gobernar por tres años y no tendría el candidato la posibilidad de ser reelecto inmediatamente? Esta es la gran incógnita que se debe tener en cuenta y que, ciertamente, es nuestro mayor problema: no tenemos una oferta política renovada libre de cualquier cuestionamiento. Para cerrar, esta coyuntura nos sirve para comprender cómo es nuestra clase política; que no es suficiente la mercadotecnia política para ganar unas elecciones; que no basta solo ser Presidente, sino también parecerlo; que cuando se gana por menos de cincuenta mil votos, la gobernabilidad no está asegurada; que la teoría “amigo-enemigo” de Carl Schmitt está más vigente que nunca –para los académicos-; qué somos nosotros como país, como ciudadanos, qué estamos dispuestos a enfrentar, a soportar, pero, por sobre todas las cosas, hasta qué punto vamos a llegar para decir que hemos tocado fondo y reaccionar. Solo nosotros somos los responsables de nuestro devenir histórico, político, económico y social.

[1] Candidata a maestra en la Especialidad de Marketing, Consultoría y Comunicación política por la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia – España, maestra en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y. Docente universitaria de las cátedras de Ciencia Política y tesis de fin de carrera. Investigadora en temas de comunicación política, marketing político, democracia y los medios; agendación, agendas y agenda-setting, framing y medios y actores políticos, y comunicación gubernamental y políticas públicas.

Réquiem por la Política Peruana

 


Escribe: María Esther Melgar Apagüeño[1]

 

El réquiem, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es “aquella composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos, o parte de él”[2]. En otras palabras, es un canto fúnebre del rito de la muerte y, hoy, estamos frente a ella: la muerta de la política de un país. La semana pasada, el Perú presenció el inicio de los preparativos de lo que será el funeral de la “clase” política peruana, cuyo cortejo fúnebre se mueve al son de lo cantado por Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú y actual “testigo estrella” de la Fiscalía peruana, en el esclarecimiento del caso de “las donaciones millonarias” a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia de la República de nuestro país.

Así, Barata confirmó las declaraciones vertidas por Marcelo Odebrecht meses atrás, respecto a que TODOS los líderes-candidatos, quienes varios de ellos llegaron al gobierno en calidad de Jefe de Estado, fueron favorecidos con aportaciones dinerarias en calidad de “donaciones” provenientes de la empresa que él lideraba, empresa constructora Odebrecht, en las diferentes campañas presidenciales en el Perú. Estas aportaciones, como es evidente, tenían como contraprestación el establecimiento de un acuerdo implícito entre los candidatos y la empresa para que, una vez en el gobierno, esta siga siendo beneficiada en los procesos de adjudicación de obras públicas, básicamente de infraestructura dado el know-how de esta.

Ante ello, TODOS los implicados en dichas declaraciones han negado categóricamente lo vertido por Barata, argumentando que en todo caso, ellos NO se beneficiaron de manera personal con las aportaciones hechas –esto en el caso de los líderes políticos. No obstante, el testigo Barata ha dado cuenta, tristemente, de cómo es que este dinero, que si bien no los recibía el mismo candidato, era gestionado y recibido a través de “intermediarios clave”; ya sean funcionarios de menor nivel, personal de confianza de los partidos políticos u organizaciones políticas, o a través de familiares y amigos muy cercanos de los candidatos –de un modo u otro, igualmente terminaban transando los aportes.

No obstante, como se sabe, lo señalado en este interrogatorio no es nada nuevo. Ya en el 2017, Marcelo Odebrecht fue entrevistado sobre estos hechos y se abrieron nuevas líneas de investigación que involucraban a nuestros políticos –casi todos los presidenciables. Sin embargo, lo declarado por Barata esta semana nos muestra de manera simple y detallada, pero siempre infame, la forma cómo la política peruana se maneja a nivel institucional tanto a nivel partidario como de gobierno, una vez en el poder. Sin más, se ha evidenciado el “modus operandi” de cómo se financian las campañas electorales en el Perú y, peor aún, como la norma respecto al financiamiento de los partidos políticos no funciona, es deficiente o, en pocas palabras, es permanentemente vulnerada –letra muerta, mejor dicho.

Debido a esto, los líderes de opinión, académicos, intelectuales y ciudadanos han manifestado la urgente necesidad de revisar la normativa en materia de regulación del financiamiento de los partidos políticos en periodo de campaña y la contribución de los agentes privados a estas. Las propuestas van desde la financiación pública y privada controlada hasta la prescripción de cualquier financiación privada, claro está con una sanción penal clara para aquellos que sean expresamente los responsables de los partidos políticos en la recaudación de fondos de campañas (financiamiento). Por otro lado, no se deja de lado la responsabilidad que deben tener también los líderes políticos en competición.

 

LA CLASE POLÍTICA PERUANA: NUESTRA VERGONZOSA REALIDAD Y LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL

Sin embargo, más allá de esta necesidad de modificar las normas, que por cierto es en el Congreso Nacional dónde se debe plantear estos cambios ya, el problema de fondo es más complejo y se manifiesta con las siguientes interrogantes: ¿Cuál será la actitud de la sociedad peruana frente a estos hechos?, ¿es nuestra ciudadanía insensible ante esto?, ¿podría entenderse que en el Perú el tema de corrupción se ha impregnado en nuestra cultura política?, ¿podremos –o querremos- salir de esto algún día? Lo que claramente vemos hoy, como testigos indignados y desconcertados, es la agonía de nuestra clase política que, siendo de derechas o de izquierdas, nos desprestigia al grueso de peruanos, con nuestros vecinos sudamericanos, con América Latina y del Norte, y con el resto del mundo, debido a la innegable y suspicaz actuación de nuestros líderes políticos.

Una vez más, estamos en el ojo de la tormenta y quizá nos lo merezcamos, por no entender que lo hecho por nuestra clase política –y también empresarial, ojo con esto- está mal. Los políticos deben servir al Estado y a sus representados, y no servirse de él. Seguir este camino trazado por nuestra actual clase política solo nos llevará al abismo, nunca tendremos un verdadero Estado en donde el derecho regule la política, que como hemos visto, es corruptible y también corruptora.

Como si esto fuera poco, algo también lamentable sobre el caso Odebrecht es que el inicio de este y de su esclarecimiento no fue en el Perú ni a propuesta de él. Es más, el sistema jurídico peruano, a través de su actuación, ha demostrado que aún está en ciernes –por decir lo menos- en cuanto a desvincular a la administración de justicia y el poder político, dada la celeridad y diligencia de sus operadores jurídicos, en aras de obtener prontamente las declaraciones de los implicados en temas concretos y de relevancia, y el establecimiento de los acuerdos más beneficiosos para el país en este caso –la aceptación de las condiciones jurídicas negociadas por los abogados de Barata y la necesidad de la información para el Ministerio Público.

No obstante y finalmente, desde mi humilde posición como ciudadana peruana, académica y profesional, hago un llamado a la reflexión – y a la acción- a los jóvenes de mi generación y de las que vendrán, para plantearnos la necesidad de iniciar una nueva fase en la política peruana, mucho más comprometida y consciente de que solo nosotros, y por nosotros los peruanos, debemos cambiar nuestra historia –aunque parezca una histeria. ¡Basta ya! Hay que erigir nuevos liderazgos que sí tengan una visión clara de lo que queremos ser como país, que nos planteemos qué deseamos, a dónde iremos y no seguir siendo un pueblo desconcertado manejado por los técnicos, sin rumbo, sin un Norte. Solo así, podremos lograr que, esta vez, el Perú ya no sea “liberado” gracias a la acción externa, como lo fuimos en el inicio de la República. Esta vez no, esta vez limpiamos la casa con nuestra propia escoba, barriendo la corrupción y fregando el piso de nuestro futuro de la política mercenaria, piso en el que caminarán nuestras nuevas generaciones, sabiendo que quieren; pero sobre todo, sabiendo que no.

[1] Candidata a maestra en la Especialidad de Marketing, Consultoría y Comunicación política por la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia – España, maestra en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y. Docente universitaria de las cátedras de Ciencia Política y tesis de fin de carrera. Investigadora en temas de comunicación política, marketing político, democracia y los medios; agendación, agendas y agenda-setting, framing y medios y actores políticos, y comunicación gubernamental y políticas públicas.

[2] Véase: http://dle.rae.es/?id=W6rWv6i