*Marco Torres Paz
“Nada más difícil de ejecutar, ni más incierto de conseguir, ni más peligroso de administrar que la introducción de un nuevo orden político”. Maquiavelo
Como venimos escribiendo desde la elección presidencial peruana del 2016, esa disputa electoral entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori estuvo marcado por dos identidades políticas muy fuertemente delineadas: el fujimorismo y el antifujimorismo. Esta ultima identidad política cuenta con una ventaja: la alineación del más grande holding mediático del Perú: el Grupo El Comercio perteneciente a la familia Miro Quesada y que controla los diarios Perú 21, El Comercio, Correo, Publimetro y la poderosa Cadena de Televisión América junto con Canal N entre otros medios.
Si hace un año nos hubieran pedido un pronostico sobre el Peru, nadie hubiera podido imaginar la caída de PPK en marzo, la asunción al poder de Martin Vizcarra, su posterior enfrentamiento con el Congreso, la detención de Keiko Fujimori y la solicitud de Asilo de Alan Garcia al Uruguay entre otros acontecimientos q vienen sacudiendo al Perú en este año que acaba.
Los dos protagonistas del violento conflicto político de principio de año están prácticamente aniquilados hoy día. El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció antes de que lo vaquen y carece completamente de influencia y poder. Y el keikismo está en ruinas, con su lideresa totalmente desacreditada y la mayoría formal que conservan en el Congreso desgranándose, sometida al gobierno y con pocas posibilidades de recobrar su antigua fuerza.
Ambos cayeron víctimas de sus propios errores. La responsabilidad principal es del keikismo, que arremetió contra PPK desde el primer día, en la seguridad de que le habían robado la elección. Pero PPK fue incapaz de enfrentar esos ataques con decisión, firmeza e imaginación.
Martín Vizcarra convino subrepticiamente con Keiko Fujimori, según se supo después, ser el reemplazo de PPK y se suponía que trabajarían concertadamente el resto del período. Vizcarra no tenía partido ni bancada parlamentaria y el keikismo no podía hostilizarlo, como hizo con PPK, porque ellos lo habían puesto en la presidencia y la opinión pública estaba harta de la pelea entre el gobierno y el Congreso, que no era motivada por diferencias importantes de políticas públicas sino por las pasiones y los mezquinos intereses sectarios.
No es cierto, como se dice ahora, que el ataque del presidente Martín Vizcarra al Congreso, que empezó en Fiestas Patrias, fue una respuesta a un comportamiento agresivo de la mayoría keikista. Entre el 23 de marzo y el 28 de julio no hubo ninguna acción provocadora del Parlamento contra el gobierno, como sí ocurrió muchas veces con PPK.
En realidad, todo indica que Vizcarra recurrió a una audaz iniciativa –atacar al Congreso y a la clase política– para frenar la abrupta caída de su popularidad que se explica por su deficiente gestión. La encuesta de GFK de junio muestra una mala calificación del gobierno en los 14 temas sectoriales que miden. Y en el mes de julio la evaluación empeora aún más. Según esa encuestadora, la aprobación de Vizcarra se había derrumbado a 27% en julio (desde 52% en abril) y su desaprobación se había empinado a 58%.
Paradójicamente, Vizcarra recurrió a la misma treta que usó Alberto Fujimori y ha tenido tanto éxito como él atacando a los repudiados políticos y a las instituciones. No obstante, Fujimori tenía en su haber el freno a la hiperinflación heredada de Alan García y el inicio de la recuperación económica, así como la derrota del terrorismo.
Vizcarra no puede exhibir ningún logro comparable. En verdad, no puede mostrar ningún resultado de ningún tipo, ni en economía, ni en seguridad ciudadana, ni en salud, ni en educación, ni en gestión pública. Y tampoco parece interesado en conseguirlo, si se observa la mediana aprobación de su gabinete. Y, al igual que Alberto Fujimori, es populista y antiinstitucional.
Su única opción parece ser continuar con atrevidas iniciativas políticas que golpeen al Congreso y los partidos, y usar la lucha contra la corrupción como un arma para debilitar a sus adversarios, respaldado por la coalición antifujimorista, en la cual se incluye a José Graña Miro Quesada Directivo del Grupo Mediático El Comercio y CEO de la Constructora Graña y Montero involucrada en la trama de corrupción de Odebrecht. Uno de los objetivos claves de esa estrategia es capturar el Ministerio Público, que se convertiría en un instrumento poderosísimo en sus manos. Ahora la coalición solamente controla una parte del mismo. (Esa facción, dicho sea de paso, no investigará a PPK y su jefe de campaña del 2016, Martín Vizcarra, por los aportantes falsos que ha revelado El Comercio, como lo hacen con Fujimori).
Todo indica que el próximo año el presidente continuará en la misma línea de ataque a los políticos y las instituciones.
Sobre Alan Garcia, Keiko Fujimori y los tratos diferenciados
La búsqueda de refugio de Alan García en la Embajada de Uruguay sorprendió a todo el mundo, aunque en verdad había algunas señales que no se percibieron.
Los indicios los estaba dando García desde tiempo atrás. Él y sus seguidores más cercanos venían hablando de un golpe de Estado que se estaba gestando en el Perú, pero no de un típico golpe de los de antaño con tanques y soldados en las calles, sino un paulatino y casi silencioso avance de un presunto autoritarismo que estaba concentrando el poder y usándolo para perseguir a sus adversarios políticos.
No son muchos los que creen en esa teoría hoy día. Pero el hecho es que García y sus partidarios la venían repitiendo y ahora la están usando como justificación.
El asunto es que hay algunos hechos muy extraños que son utilizados por los que respaldan esa tesis. Por ejemplo, los directivos de Odebrecht han declarado –y su versión es creíble– que en el 2011 entregaron 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 1 millón a la de Keiko Fujimori, 700 mil a la de Alejandro Toledo y 300 mil a la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Pero solo Fujimori ha sido imputada de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de dinero junto con dos decenas de sus colaboradores, y encarcelada con varios de ellos. Humala y Heredia estuvieron algunos meses presos, pero no se les acusó de conformar una organización criminal ni se detuvo a sus allegados, ni se allanaron las oficinas de sus abogados, a pesar de que en su caso hay abundantes indicios de lavado de dinero no solo para la campaña sino para uso personal. Y parte de ese dinero –según los funcionarios de Odebrecht– fue entregado cuando ya eran gobierno, lo cual es materia de otros delitos. Además, claro está, que también hay más indicios si es que no evidencias contundentes de que lo mismo hicieron en la campaña del 2006 y después con dinero venezolano, lavado con falsas consultorías de tónicos capilares y palma aceitera.
Tampoco Toledo y su gente han recibido el mismo trato. Él está acusado por las coimas que recibió por la Interoceánica, pero no por la plata de la campaña del 2011, ni se ha denunciado ni detenido a sus allegados de ese momento. Tampoco PPK, que está investigado por sus tratos con Odebrecht cuando era ministro, pero ni él ni sus colaboradores del 2011 han sido imputados ni apresados por delitos similares de los que se acusa a Fujimori.
Como es evidente, si todos ellos recibieron cientos de miles o millones de dólares para sus campañas, tuvieron que blanquearlos con eventos simulados y aportantes falsos. De hecho, se sabe que esa es una práctica usual de todas las campañas electorales de todos los partidos, porque los aportantes, los que donan dinero fuerte, no quieren aparecer, o porque los candidatos no desean que los vinculen con grandes empresas.
Por supuesto, la notoriedad que ha adquirido Odebrecht hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes en el 2011 resulten sospechosos. Pero en ese momento no era diferente a otras empresas extranjeras o peruanas, varias de la cuales no son muy distintas en lo que a deshonestidad se refiere, solo que hasta ahora no han sido descubiertas y expuestas.
En síntesis, es obvio que hay un tratamiento notoriamente diferente a Keiko Fujimori que al resto de políticos. Por no mencionar a los empresarios peruanos señalados por Odebrecht de haber sido parte de la trama de sobornos a funcionarios públicos para conseguir obras. Con el agravante de que Keiko nunca gobernó y nuca tuvo la capacidad de entregar alguna licitación pública u obra.
En suma, si bien la tesis de García de que se ha producido un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados.
Parafraseando a George Orwell, se puede decir que en el Perú todos son iguales ante la justicia, pero unos son más iguales que otros.
Un dato comparativo: Colombia le prohibió a Odebrecht hacer negocios con el Estado y le cobrará US$245 millones de dólares de multa. En el Perú un reciente acuerdo de los Fiscales Lava Jato le permite trabajar a la constructora brasileña sin ninguna prohibición y con solo US$187 millones de multa.
El Referendum del 9 de Diciembre
Vizcarra en su estrategia de guerra política contra el Congreso propuso a la población votar en contra de la reelección congresal y en contra de la Bicameralidad (que haya 2 Cámaras: de Senadores y Diputados), dos propuestas adornadas con otras referidas al financiamiento de los partidos políticos y la reforma de justicia.
Los Resultados fueron sobre un total de 22’227,581 (millones de electores):
5’658,002 no votaron
3’313,916 votaron blanco o nulo.
13’255,663 emitieron votos válidos.
9’941,747 votaron SI-SI-SI-NO (formula propuesta por Vizcarra)
Las cifras demuestran que el 44.7% del total de votantes, apoyo la fórmula del gobierno
A raíz de estos resultados, el gobierno de Vizcarra ha nombrado una Comisión de Notables que formule propuestas de Reforma Política quitándole en la práctica el rol legislador al Congreso. El nombramiento de la Comisión de Notables para la reforma política puede convertirse en otro capítulo de la guerra de Martín Vizcarra contra el Congreso, es decir, la estrategia de aumentar popularidad sin gobernar por el deterioro de la imagen del Legislativo.
Más allá del trabajo de los llamados notables es evidente que las propuestas servirán para seguir tensando las relaciones Ejecutivo-Legislativo porque si el Congreso se demora, se pone de costado o se niega –ejerciendo sus prerrogativas constitucionales –es posible que el fantasma de la disolución legislativa vuelva a rondar el escenario político. Si las cosas van por allí, ¿cómo así la democracia peruana va a llegar al 2021? ¿No se percibe que la turbulencia política puede acabar con todos los activos institucionales y económicos?
La idea de notables que formulan propuestas y de un presidente Vizcarra que los presenta al Congreso solo puede provenir de la apuesta por un “presidente legislador”. Si bien todavía se guardan distancias institucionales, semejante imagen nos remite a la de los caudillos plebiscitarios (Chavez, Correa, Evo Morales), que se convirtieron en “jefes de Estado legisladores” a punta de referéndums, reformando constituciones y convocando constituyentes, buscando perpetuarse en el poder.
Si analizamos lo realizado por la administración Vizcarra, todo puede resumirse en el concepto del presidente legislador y del momento constituyente. Hoy, por ejemplo, los resultados del referéndum han estatizado el sistema político con la prohibición a los partidos de contratar publicidad en radio y TV en las campañas electorales. De esta manera la estatización —en medio de la Constitución pro-mercado de 1993— ha empoderado al Estado y a las empresas que administran frecuencias estatales en radio y TV.
Una mirada al futuro:
En estas últimas horas del 2018 se especulan con nuevas revelaciones que llegarán el próximo mes de enero desde Brasil en torno a las operaciones ilícitas realizadas por Odebrecht en el Perú, las cuales (se asegura) sacudirán el escenario político. Lo general ciertamente es previsible. Lo particular no tanto. Dependerá de lo que se anuncie, se confirme o se pruebe. Lo que se sabe ya tiene en vilo a muchos. Lo que se añada abrirá cauces insospechados de convulsión.
Si el pronóstico se pedía en diciembre de 2017, ¿tenía alguien certeza de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República ante las nuevas evidencias comprometedoras de su relación con Odebrecht desde sus años de ministro de Alejandro Toledo?
¿Era imaginable que el vapuleado primer vicepresidente y exministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra –convertido en embajador en Canadá para preservarlo de un mayor desgaste por el caso de corrupción del aeropuerto de Chinchero– tomaría juramento de sucesión en marzo de 2018? ¿Resultaba válido saber antes que Vizcarra giraría su discurso anticorrupción –inicialmente dado en el contexto de las cuitas judiciales de su antecesor– hacia un sistema de justicia preñado de enlaces mafiosos y puesto también en evidencia por interceptaciones telefónicas legales? ¿Veíamos con túnica de videntes a Keiko Fujimori pasar la Navidad y el año nuevo con prisión preventiva?
La condición atípica de nuestro esquema político (gobierno sin partido ni mayoría parlamentaria, el bloque fujimorista en franca descomposición, nuevas autoridades regionales y municipales entre las que se cuenta una con vocación separatista, jueces y fiscales empoderados como héroes infalibles, y un largo etcétera) no establece con claridad las secuencias del porvenir. La calle y la mayoría de los medios sostienen hoy a Vizcarra, haciendo de su persona una figura idealizada y casi intocable. Es el fetiche de la moralización y la corrección política. ¿Cuánto durará esta luna de miel construida con habilidad pero con grandes riesgos de fragilidad en todos los terrenos institucionales? ¿Cómo medirá el ciudadano común la correlación de su bienestar con las medidas que el Ejecutivo promueva en los ámbitos económico y social?
Vizcarra está utilizando ese hartazgo popular para posicionarse como líder. Ahora está por verse si, teniendo el apoyo de la mayoría de ciudadanos, tiene la capacidad de hacer las reformas estructurales que se necesitan.
Comenzando con la caída del empleo y ataque frontal a la corrupción enquistada en todos los estamentos del estado. Hoy la supuesta lucha anticorrupción aún está en los titulares. Mientras el show continúa en los medios, la corrupción campea en todas las instituciones.
Reflexiones Finales:
La democracia está en retroceso y bajo asedio en el mundo. La ilusión de hace un cuarto de siglo de que la democracia se había impuesto definitivamente después del derrumbe del comunismo, su principal enemigo de aquel entonces, se ha evaporado. Todos coinciden en que el populismo es ahora un peligro inminente. Cuatro libros publicados este año 2018 analizan, desde distintos ángulos, el problema: “El pueblo contra la democracia”, de Yascha Mounk; “Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt; “Fascismo, una advertencia”, de Madeleine Albright; y “El pueblo soy yo” de Enrique Krauze. Por ello señalamos a la amenaza populista sobre la frágil democracia peruana.
*Magister en Ciencias Políticas. Diplomado en Marketing Político por The Florida International University (FIU-Miami) y en Campañas Electorales por The George Washington University. Licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima. Catedrático Universitario y Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos – ALACOP.